El pasado Lunes 8 de julio se publicó en el Boletín Oficial las leyes de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (27.742) y la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes (27.743). En el cual, se declaró la emergencia pública en áreas clave como la administrativa, económica, financiera y energética por el período de un año, otorgando al Poder Ejecutivo Nacional facultades especiales para desarrollar la gestión pública. Este paquete de leyes, persigue reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal y equilibrar las cuentas públicas, con un enfoque en la regularización laboral y el incentivo de grandes capitales, a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversores (RIGI).
La Ley 27.743 establece el Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social. Esta medida facilita el pago de deudas pendientes, ofreciendo beneficios a los contribuyentes que decidan acogerse al régimen. Además, permite regularizar obligaciones vencidas, promoviendo la transparencia en operaciones comerciales mediante la clara discriminación de impuestos en facturas.
Esta ley promueve incentivos específicos para las PyMEs, facilitando su acceso a la regularización de relaciones laborales y brindando condiciones para el cumplimiento de obligaciones fiscales. En particular, la desgravación de retenciones impositivas sobre cobros electrónicos ayudará a combatir la intensa carga tributaria que desincentiva la digitalización de pagos, mejorando la trazabilidad de las operaciones y facilitando el acceso al crédito.
La combinación de reformas estructurales y la eliminación de obstáculos fiscales para la digitalización de pagos crea un nuevo marco que busca el desarrollo económico y social, estableciendo las bases para el futuro. La digitalización de los pagos implica, también, mayor seguridad y transparencia en las transacciones, beneficios cruciales para el crecimiento y estabilidad de la industria fintech en Argentina.