En la medida en que el ecosistema de pagos que propone Transferencias 3.0 crezca, los PSP deberán incorporar esquemas para la detección de riesgos y elaborar políticas de prevención de lavado. El desafío es complejo, pero la tecnología será clave para operar dentro de un marco normativo, reduciendo los costos.
El nuevo sistema estandarizado de pagos con QR, Transferencias 3.0, logró consolidarse en poco tiempo, porque propone un esquema de pagos con transferencias accesible a los usuarios y, a la vez, reduce las barreras de acceso a nuevos jugadores, estimulando la competencia.
En la medida en que el ecosistema crezca, aumente el número de usuarios y se incremente el flujo de capital, las exigencias para determinar de dónde proviene el dinero y para prevenir riesgos serán cada vez mayores e ineludibles.
Esta iniciativa disruptiva e innovadora, presentará grandes desafíos para los Proveedores de Servicios de Pagos (PSP) a la hora de implementar políticas de prevención de lavado de activos. En ese sentido, Eduardo Segovia Mattos, jefe de Legales, de Poincenot, identifica, al menos, tres escenarios por los que, pese a no ser sujetos obligados, serán exigidos a rendir cuentas.
Los escenarios para los PSPs
En primer lugar, detrás de cada PSP hay un banco que exigirá transparencia sobre el origen del dinero que ingresa de manera masiva a su cuenta. Para cumplir con esa demanda, si no lo están haciendo todavía, en algún momento deberán implementar procedimientos como “Conozca su Cliente” (KYC por sus siglas en inglés) para estar en línea con las regulaciones que sí son exigidas a los bancos.
Luego está el caso de los PSP que sí son sujetos obligados, porque brindan otros servicios como agrupadores de pago, realizan la adquisición de comercios u ofrecen tarjetas de crédito y prepagas. A diferencia de los PSP puros, estas compañías tienen la obligación de implementar un enfoque basado en riesgos y reportar a la Unidad de Información Financiera (UIF) las operaciones sospechosas.
Por último, en muchos casos los PSP se ven obligados a implementar un programa de cumplimiento como parte de los requisitos exigidos al ser invertidos por grandes fondos.
Grandes desafíos
El universo de PSP es muy amplio e incluye compañías de todos los tamaños. En ese sentido, la implementación de un programa de compliance adaptado a las necesidades de cada empresa, probablemente sea más complejo y costoso para las más chicas, que para las grandes.
Segovia Mattos advierte que una de las principales dificultades es el costo directo asociado al análisis global de riesgos de la empresa y la implementación de un programa de políticas de prevención. También es complejo contar con el personal suficiente e idóneo para hacer el seguimiento de los casos que se vayan detectando, sobre todo para los PSP más pequeños.
“Una billetera que recién comienza puede tener controles más livianos, porque su riesgo es acotado. Sin embargo, puede suceder que tenga un buen diseño, se haga viral y sea adoptada masivamente y de golpe tenga que gestionar grandes volúmenes de dinero. Lo que va a suceder con la estandarización del QR interoperable es que se va a ir haciendo cada vez más difícil ser un PSP, porque esa complejidad regulatoria tiene un costo. Además, cuando una billetera quiera abrir una cuenta, el banco va a analizar el riesgo y le va a exigir políticas de prevención de lavado”.
Sin embargo, la tecnología va a tener un rol clave para resolver esta dificultad y facilitará la detección y el análisis de alertas, ayudando a las empresas a operar dentro de un marco normativo, con un costo menor.
“Los PSP están cada vez más cerca del marco regulatorio de los bancos y eso, en definitiva, implicará un costo para poder operar. En ese sentido, las empresas deberán comenzar a aplicar tecnología, así como lo hace la industria financiera tradicional para cumplir con el enorme esquema de regulaciones que se le exigen, y bajar los costos”.